Formación y Empleo

El CERMI pide a la Defensora del Pueblo que investigue retrasos del Gobierno en la aprobación de cambios normativos en materia de empleo de personas con discapacidad

29/04/2013

El CCERMI ha formulado una queja ante la Defensora del Pueblo para que esta investigue el retraso en que ha incurrido el Gobierno para aprobar cambios normativos en materia de empleo de personas con discapacidad, que tenían que haber estado adoptados antes del año 2012.

En efecto, el apartado 1 de la Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, disponía que “el Gobierno procederá en el plazo de doce meses, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012, a la revisión del Real Decreto 1368/1985, de 17 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los “minusválidos” (sic) que trabajen en los centros especiales de empleo, así como a regular las cuestiones relacionadas con los supuestos de sucesión o subrogación empresarial que afecten a los trabajadores con discapacidad o a los centros especiales de empleo”.
 
Transcurrido con creces el plazo de doce meses referido, el Gobierno no ha dado cumplimiento a ninguno de los mandatos contenidos en ese precepto legal, inacción de la que se deriva un grave daño para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, a través de las modalidades de empleo protegido.
 
En los últimos meses, el CERMI, como expresión de la articulación asociativa del sector social de la discapacidad en España, ha venido reclamando al Poder Ejecutivo por diversas vías el que diera efectividad a los mandatos legales antedichos, sin que hasta el momento se hayan materializado esas decisiones.
 
Ante esta inactividad gubernamental, que comporta perjuicios claros para un grupo socialmente vulnerable en términos de inclusión laboral como es de las personas con discapacidad, el CERMI insta a la Defensora del Pueblo que investigue estos hechos y requiera al Gobierno de España, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que ejecute con celeridad las obligaciones impuestas por el Legislador.